Los que hemos tenido la suerte de recorrer varios departamentos del país, hemos podido apreciar que el agua no es un derecho que asiste a todos los peruanos. Pese a constituir el mayor elemento para contrarrestar la pobreza, mejorar la condición de vida familiar e impulsar el desarrollo nacional, el Estado peruano demuestra serias limitaciones para gestionar eficientemente esta riqueza natural afectada por múltiples acciones humanas, el efecto invernadero y el cambio climático.
La pandemia del covid -19 fue un golpe vergonzoso en la cara a la administración pública, demostrándo la fragilidad de sus servicios y en especial la precariedad de la gobernanza hídrica y sus serias implicancias en la prevención de enfermedades, la higiene, la salud, la alimentación, la producción agraria, la generación de energía y el cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Sufrimos el fallecimiento de 221 mil 089 personas, siendo responsabilidad directa de sucesivos gobiernos que no hicieron nada, especialmente en el presente siglo, sucediéndose presidentes cada dos años, la mayoría denunciados por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Más de 20 años de inestabilidad política e institucionalidad fraccionada, provocaron recesión económica, inflación, agravamiento de los problemas sociales y desconcierto e incertidumbre. Resultado: un tercio de la población se sumió en la pobreza y, otro tercio, está al borde de la miseria, mientras el medio ambiente altera sus ciclos normales.
Crisis de la gestión de los servicios de agua y saneamiento
Este desgobierno colateralmente ha conducido a la crisis en la gestión del agua. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) “durante los últimos 12 años, el porcentaje de hogares con acceso a agua y desagüe en la capital (con diez millones de habitantes) se ha mantenido estancado alrededor de 90%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Así, en el 2022, más de 1.2 millones de personas no accedieron a estos servicios en la capital[1].”
Según datos del Ministerio de Vivienda y construcción “En el país, aproximadamente 5 millones de personas no cuentan con agua potable, cerca de 11 millones carecen de alcantarillado y soportan mala calidad de vida, solo el 62% del desagüe captado por las EPS se recicla en plantas de tratamiento. Los servicios en agua y saneamiento son insostenibles por insuficiente inversión, graves problemas económicos de los operadores, falta de apoyo estatal y normas legales inadecuadas”[2]
Agrega la cartera ministerial que “La insuficiente provisión de los servicios de las EPS en el Perú responde principalmente a una débil institucionalidad y deficiente gestión. Así, por ejemplo, Sedapal ha sufrido una alta rotación de funcionarios de cargo directivo que perjudican la continuidad de las políticas de la empresa: 10 gerentes generales en solo siete años, entre el 2017 y 2023.”
Deficiente gestión de los recursos hídricos
En el caso de la gestión de las fuentes naturales de agua: ríos, lagos, lagunas, arroyos, bofedales, nevados, aguas subterráneas y otros, el problema es similar. Desde la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ―hace 16 años― a la fecha, se han alternado 18 jefes. Es decir, no permanecen más de 8 meses al frente de la gestión de los recursos hídricos, debido a la politización de la designación por parte de las altas esferas del gobierno.
Y este problema se repite a nivel descentralizado, tal como lo describe Eddie Rosazza en su estudio Marco legal e institucional de la gestión del agua[3]: “hay una rotación continua con permanencias muy cortas del personal profesional directivo en los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua y; en muchos casos, con especialidades que difieren de la gestión de recursos hídricos e impuestos por injerencia política, con enfoques distintos que solo contribuyen con el debilitamiento institucional”.
Recomendaciones del Banco Mundial para un sector estratégico
Ante este lamentable panorama en el sector agua, el Banco Mundial ha emitido nueve recomendaciones[4], cuyo cumplimiento permitía al Perú impulsar su desarrollo, cumplir al 2030 ―algo muy difícil, según mi criterio― con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente el N° 6: Agua y Saneamiento) y lograr ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 1. Consolidar e implementar la gobernanza integrada de los recursos hídricos; 2. Mejorar la capacidad técnica y de planificación de la ANA, para integrar la gestión de riesgos, sistemas de información y aspectos del cambio climático; 3. Mejorar y ampliar las aguas residuales para abordar la calidad y cantidad de agua en cuencas críticas; 4. Aumentar el acceso a servicios de agua y saneamiento gestionados de manera segura para las poblaciones más vulnerables.
Así también, 5. Establecer incentivos financieros para mejorar la eficiencia, calidad del servicio y sostenibilidad de los proveedores de servicios de agua y saneamiento; 6. Implementar un enfoque integral para brindar servicios de riego y drenaje sostenibles, eficientes y equitativos; 7. Fortalecer la capacidad para utilizar eficazmente la asignación presupuestaria para servicios de agua, saneamiento e irrigación; 8. Invertir en soluciones integradas de almacenamiento de agua y mejorar la resiliencia de los sistemas hidráulicos existentes; y, 9. Construir resiliencia ante un futuro incierto en los instrumentos de planificación del sector existentes.
No es solo una cuestión técnica, sino también política
Nueve desafíos que considero muy necesarios pero insuficientes. (No sé por qué los organismos internacionales siempre se centran en las soluciones netamente técnicas de los problemas sociales, más no en las cuestiones políticas ―e incluso ideológicas― que en realidad son el fondo y esencia de los problemas, sea cual fuere las características y tipo de sociedad)
Habría que considerar en el país andino cinco recomendaciones más en torno a la problemática hídrica: uno, transición ecológica del Estado y la sociedad peruana (desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental); dos, adscripción de la ANA a la Presidencia del Consejo de Ministros; tres, jefatura estable por concurso público con una duración de cinco años; cuatro, reestructuración institucional, nueva escala salarial para los trabajadores; cinco, actualización de la Ley de Recursos Hídricos y, por ende, del Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; seis, fortalecer la cooperación internacional para el traslado de conocimiento y trasferencia tecnológica; y, cinco, transparencia, eficiencia, investigación e innovación en la gestión.
La crisis del agua en el Perú es compleja, estructural y multidimensional. Por lo tanto, demanda una labor integral, multinivel, multidisciplinar, intercultural, con visión global y ecosistémica y lo más importante: con vocación de servicio y gestión de futuro.
